La Ley Federal de Radio y Televisión: Cultura y Comercialización en Abierto Embate

El 30 de marzo de 2006, el Senado de la República aprobó más de 20 reformas sustanciales a la Ley Federal de Radio y Televisión, expedida por primera vez el 19 de enero de 1960. Cinco días después, en su columna De Aquí para Allá del periódico de circulación nacional Reforma, Germán Dehesa escribe una carta al entonces jefe del Ejecutivo, Vicente Fox Quesada. Resume sus tropezones a lo largo de un sexenio que, sabe, nada cambiaría 71 años de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI); reprocha su servilismo desmedido y el crecimiento inconsecuente de la primera dama, Marta Sahagún. Y luego es contundente: recuperaremos la fe en usted y acaso podrá salvar su mancillada reputación si veta, de raíz, las reformas aplicadas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Más de 200 intelectuales, académicos y especialistas –entre ellos Carlos Monsiváis, Francisco Toledo, Hugo Gutiérrez Vega, Margo Glantz, David Huerta, Dolores Béistegui y Ernesto Velázquez– se manifiestan abiertamente en contra de la bautizada por muchos Ley Televisa.

La polémica de poco sirve. El 20 de abril de 2006, con 62 votos a favor y 24 en contra, se aprueba una iniciativa paralela a la Ley. El presidente Vicente Fox tiene 180 días para expedir un reglamento que contemple a los medios públicos y permisionados… pero nada más. Las correcciones –que, en teoría, imposibilitarían las prácticas monopólicas– son hechas a un lado y, pese a las marcadas oposiciones de los senadores Manuel Bartlett Díaz, Javier Corral Jurado y Raymundo Cárdenas Hernández (del PRI, PAN y PRD, respectivamente), la Ley Televisa se desliza sin dificultad por las aguas de la legalidad.

Un año después, apenas el primer día de junio de 2007 y ahora con un nuevo presidente de la república (del mismo partido y de la misma afiliación ideológica, sin embargo), la ley es declarada inconstitucional. En buena parte debido a la lucha que más de cuarenta senadores emprendieron, entre los que destacaron los ya mencionados y un acto sorprendente calificado por algunos de mea culpa por parte del senador Santiago Creel –habiendo declarado que la legislatura aprobó los artículos bajo numerosas “presiones” ¿Las razones? La Corte consideró inconstitucional el refrendo automático que se da a los concesionarios de radio y televisión. El pleno consideró que para que los actuales concesionarios obtengan el refrendo, deberán someterse al requisito previsto en el artículo 17 de la ley de medios: una nueva licitación pública. Dicho artículo, luego de modificado el año pasado, dictaba a la sazón: “Las concesiones previstas en la presente ley se otorgarán mediante licitación pública. El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente”. ¿Traducción? Las concesiones, antes otorgadas por 99 años y a un costo de 99 pesos, serían subastadas al mejor postor y por un periodo de 20 años. Esta reforma permitiría que los grupos que presenten las pujas más altas se lleven las concesiones, sin necesidad de esperar la aprobación de solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los beneficiados con este nuevo método serían, evidentemente, los grupos televisivos y radiales que cuenten con los medios necesarios… es decir, las ofertas más jugosas. En el caso de la televisión, Televisa y Tv Azteca (con 126 y 177 concesiones, respectivamente) conforman el denominado “duopolio” que acapara más del 90% de las frecuencias. Y con la nueva Ley, la posibilidad de adquirir subcanales concesionados incrementa considerablemente.

¿Por qué, sin embargo, la ley Televisa fue por muchos considerada antidemocrática y un obvio retroceso en la libertad de expresión del país? Porque, según especialistas e intelectuales, los contenidos de la televisión mexicana se verían supeditados a los intereses, no de las compañías que los generan, sino de los anunciantes que compran espacio para publicidad. En otras palabras: la televisión y la radio cultural desaparecían en automático, pues al no poder renovar su concesión y por lo tanto ser subastadas en el mercado, compañías con el suficiente poder adquisitivo tendrían el pleno derecho de adquirirlas y programarlas a su conveniencia. Es bien sabido que la televisión y la radio cultural no atraen las inversiones de los anunciantes; de ahí que para el gremio empresarial sea más oportuno y rentable transformar los contenidos en aras de conservar los espacios publicitarios.

Otro giro importantísimo que surgiría a raíz de la aplicación de los artículos que ya fueron declarados inconstitucionales es el tecnológico. Con los nuevos parámetros que regirían el modo de difundir los contenidos radiales y televisivos, las estaciones de radio y televisión que no cuenten con tecnología de punta se verán relegados a último término. Y, como de nuevo todo se reduce a la cuestión económica, las radios y compañías televisivas independientes tendrían que ampararse ante la Corte para evitar que su concesión sea subastada y en el acto perder la posibilidad de transmitir sus contenidos originales.

¿Por qué la Ley Televisa es un ataque frontal a la cultura? Ésta parece la pregunta clave en el proceso. Según el maestro Vicente López Velarde, exdirector de Radio Universidad Querétaro, “el daño que los medios de comunicación orientados por la cultura de masas le han hecho al pueblo de México es verdaderamente irreparable”.[1] La injusticia, además, de que las ganancias inconmensurables del espectro televisivo se reparta en dos empresas solamente, presididas por dos hombres: Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego. El interés privado que pretende pasar como interés público es el estandarte bajo el que militan ambos consorcios, sin que exista jamás una verdadera lucha por la libertad de expresión y la democratización de la cultura. Al contrario: con opiniones facciosas introducidas como editoriales en sus noticieros, Televisa y Tv Azteca pugnan por una concesión libre del interés del gobierno y ponen por ejemplo el caso venezolano, donde a pesar del reciente cierre de RCTV, el crecimiento de las radios y televisoras locales (portavoces de la voz popular) ha ascendido a más del 80%.[2]

Hay datos, sin embargo, que orillan a creer que las apresurados reformas introducidas a la Ley Federal de Radio y Televisión en el primer semestre del año 2006 fueron en realidad una especie de previsión por parte de las televisoras ante un escenario político que, según las encuestas de entonces, favorecía notablemente al candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador. Es notable que, hace tres años, especialistas en la materia urgieran una reforma sustancial a la entonces intocable Ley Federal de Radio y Televisión. Ya en una entrevista hecha a Enrique Velasco Ugalde, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), por el periodista Álvaro Delgado para la revista Proceso del 4 de julio de 2004 (1444), se decía que “es prácticamente imposible reformar el marco legal que regula los medios electrónicos”. Delgado, en el reportaje titulado Concesiones en Juego, escribió: “pese a que el presidente Vicente Fox firmó los acuerdos de la Mesa para la Reforma del Estado (…), entre los que se encontraban adecuaciones al marco legal de los medios de comunicación, no se prevé modificar, en el corto plazo, la Ley Federal de Radio y Televisión vigente desde 1960”.

En el próximo sexenio se renovarían las concesiones de Televisa y Tv Azteca: el XEWTV (canal 2) y el XHTV (canal 4) expirarían el 26 de noviembre de 2009; el XEQTV (canal 9), el 11 de julio de 2009. El XHDF (canal 13), el 9 de mayo de 2008. La antigua Ley Federal de Radio y Televisión confería al titular del Ejecutivo la decisión discrecional de refrendar o revocar los títulos de concesión. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se les refrendó de manera automática a la industria de radio y televisión medio millar de concesiones. Era evidente la alianza entre el entonces partido oficial y la empresa comandada por la familia Azcárraga: “Televisa está con México, con el Presidente de la República y con el PRI… somos del sistema” se le escuchó una vez decir al Tigre Azcárraga.

¿Y la ley? Antes se le consideraba inoportuna y obsoleta, pero los intentos por reformarla se veían aún muy lejanos. Velasco Ugalde, aún en 2004, opinaba: “es una ley que impide cualquier avance democrático”. Un fraude, también, pues según el especialista “no se pagaban los mensajes del Estado y Gobierno y además se pasaban de madrugada”. Todo ello, en el sexenio presidido por Vicente Fox, adquirió un nuevo matiz a partir del llamado Decretazo: el 10 de octubre de 2002, en la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, Fox anunció la derogación del decreto relativo al tiempo fiscal. El decreto desde 1968 obligaba a los concesionarios y permisionarios a pagar 12.5% del tiempo fiscal.

 

Afortunadamente para algunos y cuando el debate parecía haber entrado en una etapa incubatoria, el pleno de la Suprema Corte de Justicia mexicana asestó el 5 de junio lo que algunos han definido como un golpe definitivo a la Ley Televisa. Todo ello con sólo invalidar cuatro artículos que suprimirían el proceso de participar en licitación pública sin tener que pagar al Estado, así como la obtención de concesiones con vigencia de 20 años.[3] Y aunque la anticonstitucionalidad se concentra en la supresión del llamado triple play (la posibilidad de ofrecer con la misma compañía los servicios de Internet, telefonía y televisión por cable), el logro es ya en suma visible. Según los nueve ministros de la Corte, las reformas vulneran seis preceptos de la Carta Magna que tienen que ver con los principios de libertad de expresión, igualdad, rectoría económica del Estado sobre un bien público, utilización social de los medios de comunicación y la prohibición de monopolios[4].

Así, por fin el artículo 17 es tasado en su debida medida: el mejor postor está concentrado en unas pocas manos (o más específicamente: dos), que jamás consentirían una libre competencia ni el derecho a la información que todo ciudadano mexicano tiene. La cultura, por lo tanto, es un bien común y no de unos cuantos: la obligación de protegerla, como los críticos de la Ley Televisa siempre propugnaron, es inalienable aún cuando la ley dicte aparentemente lo contrario.

 

 

Bibliografía:

 

§ Proceso del 4 de julio de 2004 (1444), artículo escrito por Álvaro Delgado.

§ Flores Olea, Víctor. “La Ley Televisa”. Artículo de opinión publicado en El Universal, el 8 de junio de 2007.

§ Diario Colatino. 7 de junio de 2007.

 

§ Entrevista realizada al maestro Vicente López Velarde.



[1] Entrevista realizada en mayo de 2006, en las instalaciones de Radio Universidad.

[2] Flores Olea, Víctor. “La Ley Televisa”. Artículo de opinión publicado en El Universal, el 8 de junio de 2007.

[3] Diario Colatino. 7 de junio de 2007.

[4] Íbidem.

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